Defensa i renovació dels sindicats
Recientes episodios de malas prácticas han deteriorado gravemente la imagen de los sindicatos y puesto en cuestión sus legítimas funciones de negociación (el caso de los EREs en Andalucía) y representación institucional (las tarjetas opacas de Caja-Madrid) cuya calificación penal determinarán en su momento los tribunales, es evidente que generan un importante coste reputacional para el conjunto del sindicalismo por cuanto chocan radicalmente con su código ético y estrategia de lucha por la equidad y justicia social.
Tales errores propios no hacen sino retroalimentar una campaña ajena de deslegitimación de la intervención sindical que, si bien trae el eco de las reformas thatcherianas de los años ochenta, se ha incrementado notablemente desde el acceso al gobierno del PP, como estrategia complementaria a sus planes de gestión conservadora de la crisis, desregulación laboral y desmantelamiento del Estado de Bienestar.
El modelo que se está imponiendo trata de romper todos los dispositivos legales (Derecho del Trabajo), organizativos (Sindicatos) e institucionales (Negociación Colectiva) que se han desarrollado históricamente con objeto de compensar colectivamente la profunda asimetría que caracteriza la relación capital/trabajo.
La reforma laboral y sus sucesivas vueltas de tuerca apuntan contra dichos dispositivos con el objetivo de desequilibrar radicalmente las relaciones laborales, tanto en sus medios (aumenta el poder empresarial, disminuye la tutela judicial y la cobertura de la negociación colectiva) como en sus fines (devaluación salarial, desregulación normativa, debilitamiento del poder contractual de los trabajadores).
Asimismo, los cambios generados por la crisis (paro, desregulación, precarización del empleo, etc.) complican extraordinariamente la agregación y representación colectiva de los intereses de los trabajadores por parte de los sindicatos, que han de hacer frente en condiciones difíciles a crecientes tendencias disgregadoras en elmercado de trabajo y las relaciones laborales, baste recordar a este respecto que más de la mitad de la población asalariada (el 51% exactamente) está ya en situación precaria: contrato temporal y/o jornada parcial no deseada.
En consecuencia, la lucha contra el paro y por el trabajo decente es, desde la perspectiva sindical, el eje en torno al que deberían articularse todas las estrategias políticas y económicas, contrariamente a lo que plantean gobierno y patronal cuya gestión de la crisis apunta hacia un reforzamiento de sus estructuras de dominación, la ruptura de los equilibrios sociales e institucionales y la expansión de una ideología individualista que desprecia la solidaridad y trata de legitimar la desigualdad, de la que nuestro país ocupa ya un triste segundo puesto en el ranking europeo.
Hacer frente a la estrategia de desregulación laboral y a la campaña de marginación del sindicalismo que la acompaña, exige de éste un esfuerzo sostenido en la triple dirección de defender su legitimidad y representación, superar sus limitaciones, e incluso errores, y reivindicar en la práctica el reconocimiento positivo de su función social.
Legitimidad y representación
En el primer caso, se trata de poner en valor lalegitimidad de origen del sindicalismo como prescriptor de derechos y factor de igualdad social, así como su representatividad como el mayor movimiento organizado a nivel europeo (sesenta millones de afiliados, equivalente al 23% de la población asalariada) y español (tres millones de adscritos y una tasa de afiliación del 19%, que se triplica ampliamente a través de las elecciones sindicales).
Cabe señalar en este punto que según la última Encuesta Europea de Empresas, la tasa de coberturade la representación sindical en España (57,1% sobre el total de empresas de más de 10 trabajadores) es muy superior a la media comunitaria (32,1%), si bien los recursos (materiales, formativos, de tiempo…) disponibles por los representantes electos para el ejercicio de sus funciones son, en nuestro caso, sensiblementeinferiores.
Renovación y compromiso ético
Por lo demás, reivindicar la legitimidad y representación de nuestros sindicatos no implica ignorar sus propias insuficiencias (débil presencia en las micro y pequeñas empresas, dificultades de agregación de jóvenes, precarios y parados), ni minimizar el reconocimiento de los errores que han erosionado su imagen social, desde algunos excesos en su dimensión institucional que los han hecho aparecer alejados de los colectivos laborales más periféricos, hasta los ya citados casos de malas prácticas.
A este respecto, el movimiento sindical no puede mirar hacia otro lado ni imputar todos sus problemas a campañas exógenas de desprestigio (aunque haberlas, haylas!), porque, como acredita un conocido teorema sociológico, lo que las personas perciben como real es real en sus consecuencias, es decir, que las percepciones sociales, por manipuladas que puedan estar (…y respecto del sindicalismo lo están en muchos casos!), acaban condicionando el comportamiento de las gentes.
Así pues, el reto del sindicalismo pasa por actualizar el impulso ético de la mejor tradición obrera y renovar sus prácticas en materia de trabajo de proximidad, transparencia, autofinanciación y ejemplaridad, anticipándose incluso a los requerimientos legales, lo que sin duda contribuirá decisivamente al desarrollo de sus funciones en defensa de los trabajadores a la regeneración democrática del conjunto de la sociedad española, necesaria también para garantizar una salida social de la crisis.
Función social
Junto a la de origen y representación, es la legitimidad de ejercicio la que avala la utilidad de la intervención sindical y merece el reconocimientosocial, lo que exige reforzar la visibilidad de la intervención sindical en los centros de trabajo, el espacio fragmentado en el que cotidianamente se defienden los derechos y dirimen los conflictos.
En los sistemas modernos de relaciones laborales, los sindicatos asumen las funciones de, por una parte, agregación y representación de los intereses de los trabajadores mediante mecanismos asociativos (afiliación directa) y de representación (elecciones sindicales) y, por otra, de intermediación y defensa de dichos intereses ante sus interlocutores empresariales e institucionales, utilizando los correspondientes procedimientos de negociación, asesoramiento y gestión del conflicto.
Respecto de la negociación colectiva hay que hacer constar que, pese a las restricciones impuestas por la última reforma, sigue siendo el sistema por el que se regulan las relaciones laborales de más de diez millones de trabajadores, cuya representación se determina a través de elecciones sindicales que se realizan regularmente en más de 100.000 y en las que, según los últimos datos oficiales correspondientes a 2013, se habrían elegido un total de 297.252 delegados, de los que el 92,2% proceden del sector privado y el 7,8% del público, acumulando entre CC.OO. y UGT el 72,3% de los electos.
Cabe señalar que si bien los beneficios de lanegociación colectiva (salarios, regulación de jornada, promoción profesional, prestaciones sociales…) son de cobertura universal, los costes materiales y humanos (30.000 negociadores sindicales, más los correspondientes técnicos y asesores) son asumidos exclusivamente por los sindicatos.
Tal es la grandeza y también la debilidad del modelo español de relaciones laborales que si, por una parte, permite alcanzar niveles de cobertura negocial e intervención institucional superiores al de muchos países de nuestro entorno, por otra desincentiva la participación directa y fomenta la de carácter delegado e instrumental.
Además de sus funciones centrales de negociación colectiva y atención individual a los trabajadores en las empresas, los sindicatos realizan otras de ámbito y orientación diferente, desde las ya clásicas de asesoramiento legal (el 40% de la actividad jurisdiccional de carácter social es promovida por los servicios jurídicos sindicales) a otras de más reciente implementación, como las de prevención de riesgos laborales (90.000 delegados de salud laboral en las empresas), formación (400.000 alumnos en los cursos gestionados por los sindicatos), representación institucional, etc., de difícil cuantificación y escasa visibilidad mediática, pero que constituyen el núcleo central del sindicalismo de proximidad y dan respuesta a las necesidades y demandas de millones de trabajadores.
Actividades todas ellas que los sindicatos realizan, fundamentalmente, con sus propios recursos materiales y humanos, con un alto componentede compromiso y voluntarismo pero que requieren, asimismo, de estructuras organizativas (locales, comités, federaciones…) y de servicios profesionales (técnicos, asesores, administrativos…), así como de contraprestaciones públicas (poco más 10 millones de euros de subvenciones en 2013, equivalente a 0’6 euros por trabajador y año) y disponibilidad de recursos humanos en términos de créditos horarios(0,09% de la jornada anual media) y “liberados” (4.000 aproximadamente, lo que supone apenas una tercera parte de los que correspondería de aplicar la ratio media europea de 3,5% sobre el total de delegados electos), para el ejercicio de sus funciones dentro y fuera de las empresas.
Cabe señalar, finalmente, que según la última Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, realizada en 2010 por el ministerio correspondiente, la valoración de la actividad sindical por parte de los trabajadores oscila entre un 29,1% que le otorga una puntuación baja (entre 0 y 3 en una escala de 10), el 44,3% que le da una nota intermedia (entre 4 y 6) y un 26,6% que la valora positivamente (entre 7 y 10).
Hay que hacer notar a este respecto que dicha valoración está directamente condicionada por la mayor o menor proximidad de la actividad sindical de manera que la valoración positiva en las empresas que cuentan con representación sindical es prácticamente el doble de la registrada en las que no existe esta (30,6 y 18,0 por cien, respectivamente), invirtiéndose la relación en cuanto a la valoración negativa (23,2% en las empresas con representación sindical y 41,6% en las que no disponen de ella).
En consecuencia, la nueva estrategia sindical pasa por ampliar, hacia dentro, su acción de proximidad con los trabajadores en las empresas y mejorar, hacia fuera, la visibilidad de sus actividades respecto del conjunto de la ciudadanía con objeto de consolidar su legitimidad, reforzar la utilidad de su intervención entre los colectivos periféricos (parados, precarios…) y articular su convergencia con los movimientos sociales.Pere J. Beneyto
#Pere J. Beneyto. Doctor en sociología, profesor de la Universidad de Valencia y colaborador de la Fundación 1º de Mayo. Entre sus publicaciones recientes destaca “Trabajo y empresa” (2014) y “Reivindicación del sindicalismo” (2012)
