ha vuelto a insistir en que sobran funcionarios en España y que hay que
poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada
(Nada nuevo, pues desde que llegó al cargo viene diciendo que en “Hay más de 150.000 funcionarios del Estado que no tienen trabajo que hacer”).
adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del
total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En
los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y
eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26%
en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.
faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos
en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado,
principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos
desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la
Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).
España es de unos de 3,1 millones y se calcula que el coste de sus
nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.
de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes
fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los
42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas).
O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados
públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit
público de ese ejercicio.
patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también
recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a
las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos
sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales
defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.
aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya
115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la
demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios
afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la
exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de
los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.
La conclusión es sencilla: en España
no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los
dirigentes de la patronal. Y dicho esto, no hay que olvidar que es
imprescindible -como en cualquier otro ámbito que tenga que ver con la
asignación de recursos- que la administración pública sea lo más útil y
eficiente posible. Lo que sucede es que en el caso español esto, como
acabamos de ver, no tiene que ver con proporcionarle menos recursos sino
más (por ejemplo, España es uno de los países europeos que menos gasto
público dedica a luchar contra el fraude y a obtener ingresos fiscales) y
con emplearlos mejor y más al servicio de la creación de riqueza y
bienestar, que es algo muy distinto a los recortes que se vienen
realizando y que se quieren seguir llevando a cabo.
